Publicado originalmente en: La Razón, 30 de agosto de 2026.
Era octubre de 2003, había ya ocurrido la masacre, mi papá y mi tía se unieron a una huelga de hambre en la Parroquia de Villa Copacabana exigiendo el fin de la violencia estatal y la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo tenía diez años y aprendí, así, ese lado del cristianismo que tan rara vez se ve, donde eso de amar al prójimo es pues poner el cuerpo, las ideas, las luchas en defensa de la vida del otro (capaz por eso hoy hago todo lo que hago desde mi trinchera).
En noviembre del 2025, en una reunión social, escuché a una persona decir que los muertos de Octubre Negro habían sido una mentira, una movida de la prensa de izquierda para tumbar a Goni en un golpe de Estado. No supe qué contestar: mi papá había estado en huelga de hambre por muertos que, veinte años después, alguien sentado junto a mí decía que nunca habían existido.
¿Qué siempre ha pasado en Bolivia para que muertes documentadas terminen siendo vistas como simple “opinión sesgada”?
Esta pregunta tiene tremenda actualidad hoy que una Sala Constitucional de Cochabamba ha dejado sin efecto el auto de apertura del juicio de responsabilidades iniciado el 2009 respecto a Carlos Sánchez Berzaín y Mirtha Quevedo. Esta resolución se ha dado debido a vulneraciones al debido proceso y está aún sujeta a revisión constitucional. Si bien suena a una derrota de la historia, esto todavía no implica una absolución para Sánchez Berzaín por los hechos de 2003. El debido proceso debe darse correctamente incluso para los responsables de una represión que dejó 67 muertos y más de 400 heridos.
Sin embargo, una cosa son los hechos, otra cosa los procesos judiciales y otra cosa son las narrativas. Sánchez Berzaín ya ha vuelto a usar los términos “golpe de Estado” y “persecución política” para referirse a los hechos de 2003. A nivel de lenguaje se hace un desplazamiento de palabras y la escena cambia por completo: si lo de Octubre fue un golpe, Goni comienza a aparecer como un presidente víctima y desaparece del relato el hecho de que haya respondido con fuerza militar a una movilización. Lo mismo con Sánchez Berzaín, que comienza a ser leído como hombre perseguido y no como autoridad investigada. A la par, los muertos, poco a poco, dejan de ser víctimas para ser vistos como un daño colateral en una supuesta defensa de la democracia (o peor, pasan a ser vistos como terroristas).
Desde la Antigüedad sabemos que la historia la escribe el vencedor y que el privilegio de escribirla es una disputa por el poder. La condición de subalternidad se juega, justamente, en la potestad para poder hablar de uno mismo en primera persona. Por ello, no todos tenemos la misma capacidad de nombrar hechos históricos. Una familia alteña puede guardar la foto de un hijo muerto por décadas, mientras un exministro accede a entrevistas en CNN, a abogados, a fundaciones y tribunales desde donde puede disputar el significado de esa misma muerte. El poder se cuaja en esa maquinaria que permite a alguien escribir el relato de los hechos a su conveniencia.
En su momento, Goni y otros usaron palabras como “terrorismo”, “narcotráfico”, “sedición”, “hordas” o “conspiración” para describir a las movilizaciones (mismas palabras que, por supuesto, hoy usa Rodrigo Paz). El uso de las palabras nunca es inocente, el acto de nombrar algo construye una realidad sobre lo nombrado. El término “manifestante” reconoce a un sujeto político, mientras que términos como “horda” lo animalizan y deshumanizan. Al decir “represión”, miramos la responsabilidad del Estado; si decimos “restablecimiento del orden”, leemos esa violencia estatal como una necesidad. Decir “masacre” coloca la centralidad del debate en los muertos; decir “golpe de Estado” hace que la víctima sea la autoridad que ha perdido el poder.
Y por supuesto que toda esta disputa tiene una dimensión racial. Durante toda nuestra historia el sujeto racializado se ha visto obligado a reclamar hasta el derecho de contar su propia historia en primera persona (no por nada, tanto académico privilegia lo que los q’aras dicen sobre el indio, mientras ignora lo que el indio dice de sí mismo). En nuestra sociedad, la voz racializada es leída como exageración, sedición, irracionalidad, ignorancia, resentimiento o simplemente como una voz manipulada por otro. Mientras la voz q’ara ha tenido el privilegio de presentarse como la voz de la objetividad (aunque esté en el centro mismo del poder).
Los dos Sánchez (el gringo y el zorro) bien lejos están de ser inocentes (aunque así se quieran pintar). Amnistía Internacional documentó 67 muertos y más de 400 heridos, señalando que soldados dispararon contra multitudes desarmadas. En 2011, la Corte Suprema condenó a cinco altos mandos militares y dos exministros por su participación en los hechos. Además, en Estados Unidos, el 2018 un jurado federal declaró a los dos Sánchez como responsables por ejecuciones extrajudiciales de ocho víctimas. Por supuesto que ellos apelaron ese fallo, pero un acuerdo de 2023 lo dejó vigente. El relato judicial va y viene, pero los muertos siguen doliendo.
Ahora, por supuesto que Sánchez Berzaín tiene todo el derecho a cuestionar un proceso que él considera erróneo, pero un defecto en el proceso judicial no es una goma de miga que borre la historia documentada. Capaz esa es la forma final de impunidad: esa que empieza en los procesos judiciales y termina en la construcción de los relatos. Primero se discute quién debe responder por las muertes, luego esa responsabilidad se relativiza en los procesos. Más adelante se le cambia el nombre al hecho (pasa de ser masacre a ser golpe de Estado). Finalmente, alguien en una reunión social se sienta a mi lado y dice con absoluta tranquilidad deshumanizante que los muertos nunca existieron.
La historia se escribe en titulares de prensa, en sentencias judiciales, en charlas de sobremesa y en recuerdos familiares. El 2003 muchos pusieron el cuerpo ante la impotencia de ver a otros muriendo. Más de dos décadas después, lo mínimo que merecen estos hechos es que empecemos por algo tan básico como no permitir que esos cuerpos desaparezcan también de nuestro lenguaje. Capaz Sánchez Berzaín logre regresar al país, a estas alturas ese nivel de impunidad no sorprendería tanto. La trinchera desde la que sí podemos luchar está en la construcción de la historia que contemos.
Publicado originalmente en La Razón, 30 de agosto de 2026.
juan pablo vargas rollano 